Finalmente la Fiscalía formalizará a los cuatro implicados por el denominado caso “fraude 3 a la intendencia” y no se descarta que el Ministerio Público pida prisión preventiva para una funcionaria por perjuicio al estado cercanos a los $ 50 millones.
Este tema ha generado diferencias entre el Intendente Gbariel Aldoney y la Consejera Regional de Renovación Nacional, Evelyn Mansilla, puesto que esta última cree que hay autoridades de “mayor rango” implicados en este caso.
la Fiscalía de Valparaíso solicitó a la justicia tras una serie de diligencias, toma de declaraciones, incautación de computadores y estados de pago, sumado a la querella criminal presentada por el Consejo del Estado, fijar audiencia para formalizar a los cuatro primeros implicados en el denominado “Fraude 3 a la Intendencia”, relacionados con supuestas operaciones ilícitas en los procesos de adjudicación y ejecución de licitaciones y contratación de una consultoría comunicacional por trato directo por un total de $ 172 millones, de los cuales el Gobierno Regional alcanzó a cancelar casi $50 millones, antes de que se constataran los primeros indicios sobre graves faltas a la probidad y administrativas.
Desde el Consejo Regional, una de las Cores que ha denunciado con mayor fuerza este tema, es la representante de Renovación Nacional, Evelyn Mansilla, quien cree hay “autoridades de mayor rango implicados en este fraude al fisco”.
El Intendente regional de Valparaíso, Gabriel Aldoney, también salió al paso de esta nueva polémica al interior de la institución ejecutiva y aseguró que “nosotros mismos fuimos quienes iniciamos un sumario interno” agregando que la Core Mansilla “se adelantó a esto y llevó el caso al Ministerio Público”.
Producto de las indagatorias en torno a este supuesto fraude al fisco de 4 funcionarios públicos, que se extendieron por cerca de siete meses, en las que participó la Policía de Investigaciones, la Unidad Regional Anticorrupción (Urac) del Ministerio Público consideró que en la carpeta investigativa existían antecedentes suficientes para presentar cargos por delitos reiterados de fraude al Fisco, en los grados de consumado y frustrado, en contra de la funcionaria de la División de Planificación y Desarrollo (Diplad) del Gobierno Regional, Nelda Garcés Jiménez; Marcela Cartajena Henríquez.
Consultado el Presidente del Consejo Regional de Valparaíso, Daniel Garrido Quintanilla, respecto al supuesto adelantamiento de algunos COREs en denunciar esta situación a la justicia, Garrido indicó que “Nosotros no vamos abandonar nuestra labor fiscalizadora” para finalizar comentando que “Los fondos públicos deben siempre terminar donde corresponde, es decir, en la comunidad”.
El Consejo de Defensa del Estado se fundó en los contundentes antecedentes recopilados por Contraloría, para presentar una acción criminal dirigida contra los implicados que serán formalizados, la que busca restituir “un perjuicio patrimonial al Gobierno Regional de Valparaíso por $ 48.120.000”, correspondientes a dos facturas que se cancelaron en febrero pasado a la empresa Haza Ltda., por $35 millones, y el pago que en diciembre de 2015 se realizó la empresa Signo por 13 millones 120 mil pesos.
Según la solicitud presentada esta semana por el fiscal Claudio Rebeco al Tribunal de Garantía de Valparaíso, los delitos cometidos se registraron entre “mediados del año 2015 y principios de 2016. La audiencia de formalización se fijó para el próximo 26 de enero de 2017, a las 9.30 horas.
