Diputado Urrutia presentó un requerimiento en Contraloría por graves irregularidades cometidas en el servicio
Según el parlamentario, en el Injuv se habría subcontratado servicios sin licitación pública y donado bienes muebles a instituciones vinculadas con el actual director regional.
Hasta la Contraloría Regional de Valparaíso, llegó el diputado UDI Osvaldo Urrutia. ¿La razón? Presentar un requerimiento para el organismo contralor indague una serie de eventuales irregularidades cometidas en el Injuv de la Región de Valparaíso.
Según el parlamentario, al interior del Injuv “se habría cometido el delito de malversación de caudales públicos y fraude al Fisco, además de la subcontratación de servicios donde tampoco se habría respetado las normas de una licitación pública”.
“En este caso se habrían donado bienes que eran del Estado a organizaciones que tendrían relación con el actual Director Regional, quien habría trabajado y oficiado de director de una de las instituciones beneficiadas, prestándole servicios hace varios años al equipo de la juventud, incluyendo donación de equipos audiovisuales, y que eventualmente podrían ser usados en campañas políticas lo que me parece muy grave porque el director del Injuv ha anunciado una eventual campaña a un cargo de elección popular”, sentenció el legislador.
El diputado Urrutia agregó que “esto hay que investigarlo a fondo, porque ningún funcionario público puede donar a título gratuito un bien fiscal, sin antes hacer – al menos – una licitación pública”.
Incluso, el parlamentario cuestionó el hecho de que “en el Injuv, desde que se asumió en el actual Gobierno ha habido varios cambios de directores, funcionarios y existe una pugna política entre distintos partidos políticos que conforman la Nueva Mayoría, y han estado enfrentados en una verdeara lucha por quien toma el control del servicio”.
Por su parte, el abogado José Pablo Núñez, explicó que “nosotros lo que buscamos es que esta denuncia instruya un sumario administrativo por parte del señor Contralor Regional. Y el procedimiento consta de una investigación que tiene como plazo 90 días; y dentro de las medidas que podría tomar el contralor por mientras se sustancia la investigación es que se suspenda de funciones al director regional del Injuv”.
“Dentro de las sanciones, que se van determinar tras la indagatoria dentro del proceso, las que podrían llegar hasta la destitución”, añadió el jurista.
